Ha pasado sin pena ni gloria la oportunidad de que los políticos hubieran demostrado su cualificación, para debatir propuestas y soluciones, para al menos paliar algo la grave crisis económica nacional, entre ellas la más importante de todas: los desahucios de viviendas, que está realizando la banca privada española, con la complacencia y la pasividad de la clase política, que no ha aprobado ninguna resolución ni medida, auténticamente valida para evitar y paralizar los miles de desahucios que se están produciendo en toda la geografía nacional. Solo una medida, la elevación del salario mínimo embargable.

Cierto que una de las propuestas ciudadanas es la dación en pago, al valor de tasación por el banco, como una de las vías para no prolongar la agonía económica de las familias una vez producido el fatal desenlace. Y no tener que arrastrar por vida una deuda casi impagable, que condena a la economía sumergida a las personas afectadas. Otra cuestión desfasada con el pie ya cambiado, es la clausula techo, cuando ahora el problema es todo lo contrario por la subida constante del Euribor, y lo que procede es proteger al consumidor de las subida de las cuotas.

Estamos hablando de la vivienda familiar, única y habitual, que contempla la constitución española , art. 47. Existiendo soluciones políticas y técnicas, fáciles y sencillas, para los jubilados, o cualquier familia, me explico.

Partimos de que si a los bancos se les hacen planes especiales FROB y similares, a las empresas se les hacen concurso de acreedores, para que no cierren. Con más motivo a las personas con vivienda única, se les ha de proteger y buscar formular flexibles, incluyendo la paralización temporal de pagos, por casos de desempleo, enfermedad, subidas de tipos de interés, etc, incluso transfiriendo los derechos de propiedad por un alquiler social. Los gobiernos autonómicos y el Estado también han de contemplar como ayuda directa automática subvencionando el alquiler VPO, incluyendo el aval social, aunque resulta que algunas autonomías, como la Generalitat Valenciana, las han eliminado.

Esto no es ningún invento especial del otro mundo, ya se contempla últimamente de alguna forma en algunos productos hipotecarios del BBV o BBK, por ejemplo. La cuestión es que esta fórmula se ha de generalizar, por ley para que todos los bancos la apliquen, y de esta forma justifiquen que el dinero publico tiene un destino social y real, y no solo para financiar a sus inmobiliarias, como está ocurriendo descaradamente.

No es comprensible que tal suma de partidos políticos en el parlamento sean tan negligentes -perdón- que no sepan debatir y llegar a un acuerdo tan sencillo y exijan a los bancos, en contrapartida a los recursos públicos prestados, que salva a estos, pero incomprensiblemente no a las familias.

Contemplando en sus créditos y prestamos la flexibilidad necesaria de forma automática, sin costes en modificaciones y nuevas escrituras, como está ocurriendo a quienes se les permite, generando elevadísimos gastos de toda índole, impuestos, comisiones, seguros, tasación nueva, etc. cada vez que se produce esta necesidad.

Es preciso y necesario promulgar un decreto ley que obligue a los bancos a contemplar su flexibilización, junto a la reforma de la legislación hipotecaria, para que no se pueda desahuciar ni expulsar por este simple motivo sin haber aplicado por ley todos los derechos constitucionales.

Otra cosa es que fueran unos sinvergüenzas que descaradamente se estén aprovechando de alguien, pero no las personas y familias normales y humildes discapacitados, inválidos, niños y jubilados, que están siendo arrolladas por la crisis financiera, y que los bancos y los reguladores, como Banco de España, los gobiernos, los partidos políticos etc. no han sabido ser diligentes, para evitar la quiebra del sistema financiero en los países occidentales. Las consecuencias del sobreendeudamiento, generado por los productos financieros especulativos y sus derivados, está causando auténticos estragos y dramáticas situaciones, en la economía real y sobre todo en las familias más humildes y precarias.

A los que no se les está aplicando el articulo 47 de la constitución española, y justifican y dan pie, con esta ineptitud a las demandas y protestas de los movimientos ciudadanos 15-M , Democracia Real y la Plataforma de afectados por la hipoteca, que se oponen por injusticia a estos desahucios, fraudulentos que infringen incluso los más elementales derechos humanos universales.

José Joaquín Belda Gonzalvez
API en Exclusivas Reyna.
Delegado de la Sociedad Publica de Alquiler